NUEVA GESTIÓN
Se concurrió a la Subcomisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados el día 4 de julio de 2012. Todo se inició como consecuencia del apoyo que nos solicitara un grupo de jubilados del BSE y de otro proveniente de la Banca Privada en reciente coordinada visita a nuestra institución a fin de plantear la inquietud respecto a la incertidumbre del estado económico de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias. Al respecto se ha realizado contacto con legisladores sobre este tema que harían acto de presencia en oportunidad de dicha reunión. Del texto que se pondrá a continuación surgirán los planteamientos ante dicho órgano legislativo. El primer exponente será la Sra. Teresita Abeleira.
SEÑORA ABELEIRA.- Agradecemos esta oportunidad de ser escuchados.
Mi exposición va a ser breve. Soy, como miles más, un efecto bien representativo del impuesto votado para capitalizar la Caja Bancaria. Soy jubilada bancaria del sector público y soy de clase media. La cifra líquida resultante que cobro es de $12.000 ‑como lo demuestra mi recibo‑, luego de los $6.000 que me descuentan por el pago del impuesto establecido en la Ley Nº 18.396, junto a otros bizantinos recortes. Esto es así, luego de treinta años de trabajo. No es novedad que tenga números rojos. El desquicio que todos saben es la Caja Bancaria, el descontarme casi un sueldo mínimo nacional, me ha empujado a ser deudora atrasada de otro sector del Estado como, por ejemplo, el Banco Hipotecario del Uruguay.
Las dificultades que causa este impuesto ya han sido tratadas por el Diputado Trobo. No obstante, el colgamento nos persigue, nos alcanza y nos duele cada vez más. Tampoco es novedad que la presión fiscal total nacional es más del 30% del Producto Bruto Interno ‑PBI‑, como así lo demuestra la calificadora de riesgo CARE. A dicha presión total la reflejan los ingresos personales al descontársenos un 30% de los mismos, que incluye también el desquicio del doble descuento, pues siempre se nos descuenta desde el nominal, el IASS, la mutualista, etcétera.
Los legisladores no pueden estar omisos a las consecuencias negativas que, inclusive, nosotros, los jubilados bancarios públicos, estamos padeciendo con el agregado del impuesto para capitalizar costeando la Caja Bancaria.
Por este aspecto puntual y principal es que estamos aquí, más allá de las exposiciones complementarias de quienes me acompañan. Con la autoridad de la investidura de esta Comisión y de sus legisladoras pedimos auditar técnicamente las Rendiciones de Cuentas y el balance en la Caja Bancaria para que nos hagan visibles y decifrables los números y los plazos, ya que en Internet no queda claro si dicha Caja ya alcanzó la capitalización que todos los colores ya le votaron. En caso contrario, nos gustaría saber cuánto tiempo restaría para que ese objetivo sea conseguido. Nuestro costo le permite, por ejemplo, a la Caja Bancaria, entrar en el mercado de los préstamos. Queremos que sea reconsiderada la opción de topes ya planteada por un legislador, aunque su perspectiva le atribuía participación al Poder Ejecutivo.
Sin más que agregar, espero que la información técnica principal que he planteado con sencillez para su gestión simple le sea útil a esta Comisión a fin de procurar un entendimiento mutuo de las partes.
SEÑOR BRASSESCO.- Agradezco a los miembros de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados que han permitido hacer nuestra presentación, acompañando al grupo de jubilados representado en esta oportunidad por la señora Teresita Abeleira quien ha realizado su exposición, y por el señor Enrique LLugain que cerrará la gestión gremial a continuación.
Soy Presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionistas Bancarios del Uruguay, conocida por AJUPE, fundada el 2 de mayo de 1953. Los compañeros jubilados que he nombrado, acompañados por otros pasivos bancarios, fueron escuchados y comprendidos en nuestra sede en lo que tiene que ver con sus inquietudes y derechos.
Además de la incertidumbre que señaló la señora Abeleira, debo referirme a otro grado de incertidumbre ante el incumplimiento del artículo 22 de la Ley Nº 18.396. Este artículo refiere a las inversiones de la Caja, a la distribución, a cómo se debe hacer y al final dice: «El Poder Ejecutivo controlará el cumplimiento de las normas relativas a inversiones, pudiendo delegar dicha fiscalización en el Banco Central del Uruguay.- La Caja deberá enviar anualmente al domicilio de cada uno de sus afiliados la información referida a las inversiones realizadas y a su rendimiento, de acuerdo a las normas que establezca el Poder Ejecutivo o el Banco Central del Uruguay(…)». Ya van tres años y medio, suponiendo un año más de preparación y de reglamentaciones, y no ha llegado a nuestro domicilio, como se dice en forma expresa, el aviso de la Caja sobre lo que ha invertido y su rendimiento. Esto viene de mucho tiempo atrás. Cuando éramos activos ya sabíamos sobre la inversión forestal. Fue positivo, dio trabajo y fue muy bien encarado. Inclusive, el actual Presidente del Consejo Honorario de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias ‑que ha renovado su gestión como tal‑, señor Leomar Pastorino, dijo que la forestación era la mejor inversión que habían hecho. Se podrán imaginar nuestra inquietud. Mientras éramos activos, nada sabíamos, no había noticias, solo que era muy bueno, perfecto. Luego, se fundó casi un pueblo al lado, se apoya y se atiende bien a la gente; eso es soberbio, pero todavía no sabemos nada, a tres años y medio. El artículo 22 de la Ley N° 18.396 no se ha cumplido. Desde el Poder Ejecutivo hasta no sé qué servicio, hay omisión. Esto es muy sencillo: no es un planteamiento, no es un recurso ni nada; simplemente, no se cumple el artículo 22 de la Ley N° 18.396, es decir que a la incertidumbre que existe se agrega la que la señora Abeleira plantea.
La Ley N° 18.396 denomina al impuesto como contribución a cargo de jubilados y pensionistas aunque, de hecho, constituye un gravamen que rebaja las pasividades sin que todos los jubilados y pensionistas lo hayan propuesto y consentido. A su vez, por imperio del gravamen creado por la ley, las pasividades ya no tienen el monto nominal que figura como tal en las liquidaciones mensuales. El verdadero monto nominal es el que resulta de restar al nominal el importe del impuesto. Esta carga tributaria también ha llevado a otro absurdo: desde la creación del IASS, sus tasas se aplican como si el impuesto de la Ley N° 18.396 no existiera. De hecho, el IASS grava un monto nominal de pasividades bancarias que no existe, porque el mismo está rebajado por el impuesto creado por la Ley N° 18.396. Esta práctica no es solo absurda y perjudicial a los legítimos derechos de los afiliados pasivos, sino claramente ilegal, considerando que el Decreto Reglamentario N° 344/008 establece que para la aplicación del IASS el ingreso computable estará constituido por el importe íntegro de la jubilación, pensión o prestación de pasividad correspondiente. Es decir, se habla de ingreso y el importe de la rebaja comentada es una detracción legal obligatoria. En consecuencia, solicitamos que de inmediato se corrija la antedicha incongruencia, de manera que el IASS se aplique sobre el ingreso real.
En su momento, en AJUPE invitamos a los compañeros del Consejo Directivo Autónomo de AEBU ‑a los jubilados‑ que nos acompañaran a plantear una gestión para que esto se aclarara. Si nos descuentan primero el aporte de la Caja, lo que queda no es una jubilación íntegra sino un saldo. En definitiva, no fuimos acompañados, pero ellos iban a hacer directamente una gestión a nivel parlamentario, lo que casualmente estamos haciendo nosotros hoy, y voy a contar el porqué. Resolvimos hacer ese reclamo asesorados jurídicamente y dos grupos importantes de juristas dijeron lo mismo: que una demanda contra el Estado era la única vía pero solo había un 50% de posibilidades de que fuera favorable. De todas maneras, por aquello de que no hay peor gestión que la que no se hace, encaramos esto con el segundo grupo y resulta que el importe de honorarios de los juristas ‑una parte era para ellos‑, por ser una demanda de largo aliento contra el Estado, con recursos, etcétera, iba a significar, si salía, un cifra increíblemente injusta por cada demandante, porque sería menor que los costos por reclamar. En definitiva, la solución está a nivel del Parlamento para que se contemple esta irrealidad.
Aclaro que el tema del FONASA que se implementó últimamente también habla del importe total, de manera que sería el tercero sobre la jubilación íntegra. Espero que esto se pueda solucionar, que se haga justicia y que realmente se pague lo que corresponde.
SEÑOR LLUGAIN.- Soy jubilado bancario desde 2004. Agradezco en mi nombre y en el de mis compañeros el tiempo que nos están dispensando para realizar esta presentación.
Quiero plantear algunos temas.
En primer lugar, el artículo 92 de la Ley N° 18.396 prevé lo siguiente: «Créase una Comisión que tendrá los siguientes cometidos: el seguimiento de la evolución económica financiera de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, el análisis de la posible ampliación del campo afiliatorio y en particular el seguimiento de la situación de los trabajadores incorporados en el artículo 3º de la presente ley.- Dicha Comisión estará integrada por un Senador designado por la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social de la Cámara de Senadores, un Diputado designado por la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Representantes, dos delegados del Poder Ejecutivo, uno de los cuales la presidirá, dos delegados de las empresas afiliadas, dos delegados de la Asociación de Bancarios del Uruguay, dos delegados de los jubilados y un delegado de la entidad gremial más representativa […].- La Comisión podrá ser convocada por cualquiera de sus miembros, con carácter obligatorio».
Esta ley fue promulgada en octubre de 2008 y, sin embargo, nunca se reunió una Comisión. Sin comentarios.
En segundo término, revisando las memorias de los balances de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, encontramos una frase bastante sugestiva, que voy a leer. Dice así: «Notas a los estados contables ajustados por inflación al 31 de diciembre de 2011.- La Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias posee cuota partes en los Fondos de Recuperación del Patrimonio bancario de los Bancos Caja Obrera, Comercial y Montevideo, originados por plazos fijos (en los tres bancos) y eurobonos (en los dos últimos). Actualmente se llevan adelante gestiones judiciales para el recupero de los saldos adeudados por los eurobonos. Resulta imposible cuantificar los futuros pagos de los Fondos de Recuperación, como el resultado de los juicios que se llevan adelante, por lo cual no se ha incluido en el activo ningún crédito al respecto».
Sobre esto cabría realizar algún comentario, pero no considero que corresponda efectuarlo en esta reunión. Es obvio que la Caja habría hecho inversiones en las cuales no le fue bien. Con fecha 30 de mayo, presentamos a la Caja una nota solicitando información acerca de la suerte de esas inversiones. Asimismo, le pedimos que nos actualizara sobre las acciones legales que habían tomado. Hoy estamos a 4 de julio ‑ha pasado más de un mes‑ y recién nos estarían dando no sé que parte de la respuesta a la carta que le enviamos; en principio, lo miramos desde afuera y no parecería razonable el tiempo que se ha demorado, habida cuenta de que era revisar antecedentes, hacer un memorándum y contestar. Extraoficialmente me enteré de que la respuesta se estaba demorando por la feria judicial, pero esta empezó hace dos días y la carta fue presentada el 30 de mayo. No sabemos si realmente hay voluntad política o institucional de hacernos llegar la respuesta.
Por último, quiero plantear un tema que es de los que más nos duele. Voy a hacer un pequeño resumen. En octubre de 2004 fue promulgada la Ley N° 17.841 que creó el impuesto que gravó los montos nominales de las jubilaciones y pensiones servidas por la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias con destino a atender su deficitaria situación económico-financiera de entonces, permitiéndole reducir sus egresos por la vía de la rebaja del monto a las pasividades. En principio, esta Ley preveía un plazo de vigencia a marzo de 2007, pero por la Ley N° 18.079 este fue extendido hasta que fuera promulgada la nueva Ley Orgánica de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, aprobada en octubre de 2008 bajo la Ley N° 18.396, que derogó todo lo anterior. Consideramos que, de hecho, esta Ley institucionalizó el impuesto, de acuerdo con los artículos 31 y 32. A su vez, los artículos 27 y 32 disponen que debe alcanzarse un piso de reservas equivalente al 50% del presupuesto anual de prestaciones y un gasto de funcionamiento, para recién entonces comenzar un proceso de paulatina rebaja de los aportes de empresas, jubilados y pensionistas, así como también de la contribución transitoria del Estado. La Ley establece que las tasas se habrán de reducir a razón de 0,4 puntos porcentuales por año, a partir del 1º de enero del año civil siguiente a aquel en que las reservas financieras de la Caja lleguen a representar el 50% de su presupuesto. La reducción alcanzará hasta un máximo de cuatro puntos porcentuales.
Como dato informativo, a diciembre de 2012, en el balance de la Caja las reservas se situaron en un 22,45%, de manera que aparentemente se estaría llegando a la mitad de lo exigido por la Ley. La mejora radical de la situación financiera de la Caja se ha producido porque la nueva Ley incorporó, como obligatoriamente afiliados, a partir de enero de 2009, a empresas y a trabajadores antes afiliados al BPS y que desde entonces realizan sus aportes patronales y obreros. Desde diciembre de 2008, enero 2009 hasta diciembre de 2011, el incremento de afiliados activos fue de 7.588, en tanto que el del número de jubilados y pensionistas fue de 194. Es decir, la Caja revirtió su situación deficitaria, pero las rebaja de las pasividades, se sigue produciendo.
En base a los elementos expuestos, estamos habilitados a deducir que en los hechos el impuesto se ha vuelto permanente. Esta es una conclusión que compartimos todos.
Pero falta considerar otro aspecto. Dice la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias: «En el caso de los jubilados la aplicación de la contribución prevista en el art. 31 de la Ley 18.396 corresponde en función de la causal y no de la fecha de vigencia, es decir, todos aquellos que se jubilaron o se jubilen por el régimen que se deroga, o los anteriores, abonarán la contribución, quienes se jubilen por el régimen de la Ley 18396 no lo abonan». De hecho, se produce una injustificada discriminación y se abandona la histórica trayectoria de la Caja en lo referido al tratamiento igualitario para con sus afiliados. El argumento del legislador fue el siguiente: «Los futuros jubilados se iban a jubilar con tasas de reemplazo y cálculo jubilatorio sustancialmente menores a los ya jubilados». Sin embargo, este presupuesto no se ha cumplido, ya que hemos comprobado que afiliados jubilados después de enero de 2009 perciben mayores pasividades que otros afiliados que se jubilaron antes de esa fecha. La clave está en que los primeros no tributan y los anteriores sí. Los hechos hablan por sí solos.
Por otra parte ‑esto para mí es medular‑, si la Caja necesita apoyo, ¿por qué razón solo lo demanda de algunos jubilados y no del total de la masa de pasivos? No olvidemos que el Estado también apoya a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias. En lo que refiere a los números, en el trienio 2009-2011, la vigencia de la Ley, la Caja ha contribuido con $ 716:000.000, equivalentes a US$ 35:000.000, de acuerdo con los tipos de cambio de las respectivas fechas. Asimismo, la contribución de los empleados por imperio de esta ley, con respecto a nosotros, fue de $2.413:000.000 equivalentes a US$ 118:000.000. Son cifras muy grandes que hablan por sí solas. Si todos los pasivos aportaran, no solo el Estado se vería aliviado sino que muy probablemente se llegaría antes a los niveles que la Caja necesita para comenzar el proceso de abatimiento de los porcentajes fijados por el artículo 32 de la Ley.
En consecuencia, solicitamos que, ante la actual y crecientemente buena situación financiera de la Caja Bancaria, se revise el proceso de reducción del impuesto previsto en los artículos 31 y 32 de la Ley N° 18.396. Asimismo, que se reconsidere la notoria discriminación existente en lo referido al pago del impuesto, según lo expuesto precedentemente.
_____________________
El Sr. presidente de dicha comisión expresó que por supuesto que la Comisión va a tratar este asunto. Vamos a proponer citar al Directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, con todos los argumentos que ustedes nos han trasmitido y con la versión taquigráfica, para que exponga sobre lo que ustedes nos han planteado, con documentación al respecto, para llegar, primero que nada, a una verdad.
Por otra parte, de manera informal, nosotros tenemos otras cifras, quizá hasta mayores de las que se expresaban, pero lo fundamental es tener la documentación. Vamos a proponer a la Comisión invitar al Directorio y, si estamos todos de acuerdo, este tendrá que comparecer a explicarnos este asunto. En esa oportunidad, le plantearemos lo que ustedes acaban de exponer. Esto como primera respuesta. Lógicamente, tendremos que estudiar alguno de los puntos; no es sencillo a pesar de que ustedes tienen bien determinadas las leyes. El señor Diputado Abdala, que ha solicitado la palabra, puede tener algún conocimiento más definido al respecto.
En definitiva, la respuesta que les damos es que nos vamos a ocupar de este asunto para que, finalmente, todos seamos iguales ante la ley. Esta Comisión es muy especial porque se trabaja prácticamente por consenso; tratamos de ser lo más justos posible; lo que nos interesa es el bienestar de la comunidad por encima de todo partidismo político.
SEÑOR LLUGAIN.- ¿El señor Presidente hizo mención a que existen otras cifras que difieren de estas, o entendí mal?
SEÑOR PRESIDENTE.- Lo que decía es que en reuniones informales nos hemos enterado de la existencia de cifras aún superiores a las que fueron planteadas.
SEÑOR LLUGAIN.- Las que yo mencioné fueron sacadas del balance de la Caja, que está publicado en la página web, de manera que son datos oficiales.
SEÑOR PRESIDENTE.- Por eso vamos a pedir a las autoridades que nos traigan la documentación.
SEÑOR LLUGAIN.- Voy a poner a disposición de la Mesa ‑le pediré a la señora secretaria la dirección de correo electrónico de la Comisión‑ la respuesta a nuestro planteo que recibamos de la Caja en el día de hoy, que aparentemente no sería completa, a pesar de que no puedo opinar al respecto todavía.
SEÑOR ABDALA.- Comparto el planteamiento del señor Presidente, creo que es muy atinado. No soy quién para interpretarlo pero me quedó claro que cuando hacía referencia a la existencia de otras cifras, en realidad, era en el sentido de que las cifras que eventualmente nos han llegado serían confirmatorias de lo que aquí se está planteando y todavía lo reforzarían más. Eso fue lo que, por lo menos yo, interpreté de sus palabras.
SEÑOR PRESIDENTE.- Así es.
SEÑOR ABDALA.- En cualquiera caso, estamos frente a un planteamiento serio y responsable que, evidentemente, nos debe preocupar en nuestra condición de legisladores porque aquí se podría estar dando una serie de vulneraciones. En primer lugar, derechos individuales y derechos adquiridos, se afectaron desde el momento mismo de la sanción de la ley de reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias. || Yo fui miembro informante en minoría en el período pasado y, entre otras cosas, nuestra negativa a esa modificación se sustentaba en el hecho de que la reforma de la Caja, el costo o la carga fundamental se focalizaba en determinado sector en beneficio de otro, lo que generaba una distorsión en el principio de igualdad ante las cargas públicas, que todavía está vigente. Y se hace más vigente y gravoso en la medida en que, como aquí se ha dicho, aquel impuesto transitorio se va volviendo permanente y los nuevos jubilados no están pagando impuesto alguno.
La circunstancia de la doble imposición claramente implica una injusticia y una ilegalidad porque, en definitiva, las pasividades están gravadas dos veces ‑y hasta tres si contamos el FONASA‑ por el Estado, lo que también implica una discriminación y desigualdad notoria.
Pero hay un elemento más que no deberíamos dejar pasar por alto en función de nuestros fueros legislativos, y es la circunstancia de que podríamos estar frente a un desconocimiento de la voluntad legislativa, porque si la ley mandó hacer determinadas cosas que en los hechos se han verificado, pero que sin embargo no se están cumpliendo, existen responsabilidades de parte de quien no las cumple o, por lo pronto, necesidad de encontrar caminos para que aquella voluntad se haga. Una primera constatación es que la ley dispuso, por el lado institucional, conformar una Comisión que no ha funcionado y no se ha constituido. Pero hay algo mucho más grave que es la constatación de fondo. Si llegáramos a la conclusión de que efectivamente se alcanzó el punto de equilibrio y que hoy los ingresos de la Caja o las reservas han alcanzado el límite del 50%, pero que sin embargo no se ha iniciado un proceso de desgravación o eliminación paulatina de aquel impuesto del año 2004, si no actuáramos en consecuencias, evidentemente, incurriríamos nosotros en responsabilidad.
No quiero extenderme más; simplemente, quiero decir dos cosas. En primer lugar, valoro la exposición y el planteo que aquí se ha hecho que, repito, me pareció fundamentado y serio y que nos obliga a actuar. En segundo término, coincido con la propuesta de convocar al Directorio de la Caja. Asimismo, quiero agregar una propuesta adicional, que refiere a la convocatoria del señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social una vez que comparezca el Directorio de la Caja Profesional. El señor Presidente recordará que tenemos pendiente una visita del Ministro con relación a la situación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, cuyo Directorio compareció aquí, obviamente por una circunstancia distinta. Es decir que la Comisión tiene este tema en la agenda.
El Ministro va a tener que venir para referirse a la situación de la Caja de Profesionales Universitarios y podríamos manejar la agenda de modo que una vez que venga el Directorio de la Caja Bancaria podamos plantear las inquietudes de ambas Cajas.
Quiero proponer desde ahora, por la envergadura del tema, obviamente, tomándonos el tiempo necesario; nadie pretende apurar al señor Ministro que el que venga sea el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, que es el jerarca mayor de esa Secretaría de Estado, y quien está en inmejorables condiciones de hablar en nombre del Poder Ejecutivo. Digo esto porque a veces viene el Subsecretario, el Director General o cualquier otro funcionario. No quiero restarle valor a ese tipo de comparecencias porque de hecho, muchas veces, por temas de menor envergadura los Ministerios se hacen representar por funcionarios de menor jerarquía, pero en estos temas es preferible dar tiempo al Ministro para que se prepare y venga el día que él disponga. Concretamente, pediría que una vez agotada la instancia con el Directorio de la Caja, se invite al Ministro Brenta, porque me parece que esto tenemos que encauzarlo. No estoy hablando de responsabilizar al Ministro Brenta ni de realizar otro tipo de acciones parlamentarias. Ojalá no lleguemos a eso. Ojalá que con el Ministro Brenta podamos encauzar esto en el sentido de lo que establece la ley que votó el Parlamento y curiosamente, el partido del Diputado Brenta. Nosotros no la votamos por otras razones.
SEÑOR PRESIDENTE.- Nosotros tenemos un acuerdo con el Ministro de Trabajo y Seguridad Social y con las autoridades del Banco de Previsión Social en cuanto a mantener reuniones periódicas. Por tanto, no habría problema en tratar ambos temas: el de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios y el de la Caja Bancaria.
SEÑOR LLUGAIN.- Voy a hacer una precisión con respecto a lo que dijo el señor Diputado Abdala.
El tema de los porcentajes que exige la ley con respecto a los tiempos y a la recuperación de la Caja, aparentemente solo sería comprobable al final de cada Ejercicio. El dato que tenemos, sacado de la página «web» de la Caja, es que se habría llegado al 22,5% del 50%. No sé de qué forma se podrá evaluar esto. Precisamente, la compañera Abeleira planteó cómo se podría ir midiendo esa mejoría sin esperar que la Caja termine el balance y la memoria el año 2012, que seguramente presentará en enero, febrero o marzo de 2013.
Por otra parte, me llama la atención que la Caja no publique sus balances en el Diario Oficial. En ningún lado dice que esté obligada a hacerlo. Llamé al Diario Oficial y me atendió un señor que muy amablemente me dijo que no se publicaba. Sí se presentan balances del Tribunal de Cuentas. Y eso está establecido en la auditoría de la Caja. Dejo este comentario que puede o no tener valor.
SEÑOR ABDALA.- Solicito que la versión taquigráfica de hoy sea enviada al Ministro lo antes posible para que vaya interiorizándose de la inquietud de la Comisión.
SEÑOR PRESIDENTE: Todas las versiones taquigráficas de todas las reuniones son enviadas al Ministro y al Banco de Previsión Social. De todas maneras, vamos a dejar constancia expresa de su pedido.
La Comisión agradece la presencia y como siempre están las puertas abiertas para recibirlos y escucharlos. Tengan la tranquilidad que nos ocuparemos del tema.